Nos declaramos desconcertados por la decisión de la Corte Constitucional de anular parcialmente la histórica sentencia T-733 de 2017, que obligaba a la empresa Cerro Matoso a indemnizar a las comunidades afectadas por la explotación indiscriminada de ferro níquel. 

El mensaje que manda la Corte es que enfermar a los colombianos es gratis y no tiene consecuencias.  Esa es la triste y grave señal que da la Corte Constitucional al revocar la indemnización a las comunidades indígenas afectadas por la extracción de níquel en el departamento de Córdoba.

En el año 2011, denunciamos que Cerro Matoso se había quedado con unos recursos de las regalías, por lo que la Contraloría obligó a la multinacional a devolver 35 mil millones de pesos. Recientemente, junto al senador Jorge Robledo, citamos a debate de control político a la empresa para indagar en qué va el pago de ese dinero y, además, revisar el cumplimiento de la sentencia que la obligaba a pagar los perjuicios causados a ocho comunidades del departamento de Córdoba.